La Diputación de Málaga pone en marcha un paquete de ayudas, por un importe global de 4,9 millones de euros, para contribuir a la recuperación económica del sector agroalimentario, ganadero y pesquero de la provincia.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha presentado hoy estas subvenciones al sector primario, que se encuentra muy afectado no solo por las consecuencias de la pandemia, sino también por el fuerte incremento de los precios de la energía y de las materias primas de las que se surten para su actividad productiva. En el acto han estado presentes representantes de ASAJA, COAG, UPA y de las cofradías de pescadores de la provincia, así como propietarios de explotaciones agrarias y ganaderas.
La Junta de Gobierno de la Diputación de Málaga aprobó ayer la convocatoria para la puesta en marcha de estas ayudas, que podrán solicitarse a partir del miércoles próximo, 29 de junio, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
Salado ha destacado que se trata de una actividad capital para nuestra economía, que cuenta con cerca de 20.000 trabajadores en la provincia en las 28.500 explotaciones agrarias y 900 empresas agroalimentarias. Y, sobre la situación económica del sector, ha apuntado que, en el último año, el precio por 100 kilos de abono ha pasado de 22 euros a 46,7 euros; y el del trigo para pienso se ha incrementado de 23,9 euros a 32 euros. Y, para estas empresas, la electricidad ha subido un 160,98%; los carburantes, un 44,61% y los lubricantes, un 14,28%.
En general, el índice general de precios pagados por las empresas agroganaderas se ha incrementado en un 29,42 % en solo un año.
Así mismo, ha incidido en que “se trata de empresas e industrias que jugaron un papel fundamental, admirable e imprescindible en la pandemia, especialmente durante el confinamiento, y ahora se ven seriamente afectadas por el impacto de la fuerte escalada de precios”.
Dos líneas de subvenciones
La convocatoria establece dos líneas de ayudas para estos sectores, que serán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, que se irán concediendo por orden de llegada de las solicitudes hasta que se agote la cuantía global. Se posibilita que una misma empresa pueda acogerse a las dos modalidades de subvención.
Una primera línea -en la que la cuantía máxima a conceder será de 6.000 euros por empresa- va dirigida a hacer frente a los gastos corrientes, como las cuotas por cotizaciones a los regímenes especiales de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia (incluidos los agrarios) y de los trabajadores del mar, o los costes de arrendamiento de bienes inmuebles donde se desarrolle la actividad económica.
Igualmente, también se subvencionarán los gastos de producción, alimentos, piensos, transporte o, por ejemplo, el importe abonado por la compra de oxígeno para las instalaciones de acuicultura. Y en el ámbito pesquero, los relativos a cebo, sal, hielo, aprovisionamientos o aparejos.
Y la segunda línea de financiación es para afrontar gastos de inversión, como maquinaria, herramientas, equipos, instalaciones e infraestructuras (invernaderos, túneles, plásticos y mallas agrícolas, espalderas para viñedos frutales y vallados o cercas destinados a las explotaciones ganaderas). Igualmente, pueden contemplarse gastos por cambios de cultivo o métodos de regadío, así como adquisición de tractores, furgonetas y remolques.
Para este tipo de ayudas, cuando el coste del proyecto, IVA excluido, sea inferior o igual a 10.000 euros, se concederá una subvención por el 100% del importe total del proyecto. Mientras que cuando el coste supere la cuantía de 10.000 euros, IVA excluido, la cuantía de la subvención será el 85% del proyecto, con un máximo de 14.000 euros.
Podrán acogerse a estas ayudas todas las actuaciones o las inversiones realizadas por las empresas entre el 14 de marzo de 2020 (es decir, desde el comienzo de la pandemia) y el 31 de enero de 2023.
Por otra parte, Francisco Salado ha recordado que la Diputación mantiene abierta actualmente, hasta el 6 de julio, una convocatoria de ayudas, por importe de un millón de euros, para favorecer la reactivación económica de empresas y autónomos de los siete municipios afectados por el incendio del año pasado en Sierra Bermeja (Genalguacil, Jubrique, Faraján, Júzcar, Pujerra, Benahavís y Casares). Van dirigidas a agricultores, ganaderos, explotaciones forestales y empresas de comercio, restauración y de turismo rural de los mencionados pueblos.
